La derecha se hizo comunista: la nueva heredera de la lucha de clases

Durante décadas, la lucha de clases fue una categoría central para comprender la dinámica del capitalismo industrial y la contradicción principal a partir de la cual se estructuró la crítica y praxis comunista. Como herramienta analítica, permitió explicar desigualdades reales, concentraciones de poder y conflictos materiales objetivos. El error histórico de buena parte de la izquierda y de los movimientos anticapitalistas comenzó cuando esa categoría dejó de ser un medio para interpretar la realidad y pasó a convertirse en un fin en sí mismo: el eje normativo de la acción política y el motor casi exclusivo de su proyecto histórico.

La historia es clara: cuando la política se organiza alrededor de una contradicción central irreductible —ricos contra pobres, élites contra pueblo, enemigos internos contra mayorías morales— el resultado no es la superación del conflicto, sino su institucionalización permanente. Polarización, ruptura del diálogo, imposición, desgaste democrático y, en no pocos casos, colapso social y político. Precisamente aquello que hoy buena parte de la izquierda costarricense y la oposición en general, denuncian con toda razón del oficialismo.

Aquí aparece la gran paradoja de nuestro tiempo: la derecha extrema contemporánea no es la negación de la vieja izquierda, sino su heredera funcional. Aquello que la derecha dice combatir —el marxismo, el comunismo, la lucha de clases— es exactamente lo que aplica en la práctica, solo que bajo un vocabulario distinto. Cambian los nombres, no la lógica.

Donde la izquierda clásica hablaba de burguesía y proletariado, la derecha de hoy habla de élites corruptas y pueblo honesto. Donde se apelaba a la conciencia de clase, ahora se moviliza el resentimiento social. Donde antes se prometía emancipación, hoy se promete castigo. El esquema es idéntico: dividir la sociedad en dos campos irreconciliables y gobernar desde la confrontación permanente.

En este sentido, Rodrigo Chaves y ahora su sucesora Laura Fernández son, sin exagerar, los derechistas más comunistas que ha tenido Costa Rica en su historia moderna. No por su ideología o política económica —claramente neoliberal— sino por la estructura conceptual y emocional sobre la que construye su legitimidad política. Su gobierno y estilo representa una rebelión de las clases excluidas contra las élites tradicionales, una insurrección simbólica de la periferia contra el centro, del “pueblo” contra el “sistema”. Esto resulta difícil de refutar si se contrastan los resultados de las elecciones del pasado 1.º de febrero, en las que el oficialismo arrasó en las zonas más rurales, periféricas y históricamente olvidadas del Valle Central. En términos estrictos, eso es lucha de clases, aunque no se la nombre como tal. De ahí que no deba sorprender que sectores del comunismo de vieja guardia en el país terminen hoy respaldando a Chaves y Fernández: reconocen, aun sin decirlo, una lógica política que les resulta profundamente familiar.

La ironía es profunda. Mientras la izquierda institucional costarricense, encarnada en figuras como Manuel Mora Valverde, comprendió tempranamente que la lucha de clases no podía ser elevada a estrategia política en la realidad nacional y optó, de manera explícita, por el camino del acuerdo y el diálogo, la derecha contemporánea la ha retomado, vaciada de contenido emancipador, como herramienta eficaz de dominación política.

La gran reforma social de los años cuarenta, la alianza entre el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora y la Iglesia católica, así como el posterior Pacto de Ochomogo, son prueba histórica de que en la tradición costarricense los avances estructurales no surgieron de la radicalización del conflicto, sino de la capacidad de articular consensos entre actores sociales y políticos diversos. La lucha existe, el conflicto es real, pero cuando se lo convierte en método de gobierno y no en problema a resolver, termina despolitizado en sus causas estructurales y canalizado en eternos enemigos simbólicos. El resultado no es transformación social, sino polarización funcional al poder.

El resultado es el que ya conocemos: polarización extrema, deslegitimación del adversario, desprecio por el diálogo, uso de la mayoría electoral como autorización para imponer y no para construir consensos. Exactamente el mismo camino que recorrieron otros países en el pasado y que terminó en estancamiento, crisis o colapso. Exactamente el camino que hoy se le reprocha a este oficialismo que habla de «cambio» y ahora de «continuismo».

Aquí está el punto central que suele eludirse: el problema no es reconocer que existen clases y desigualdades; el problema es gobernar profundizándolas. Hacer de la lucha de clases el principio organizador del poder no resuelve la desigualdad: la convierte en combustible político permanente.

En contraste, y paradójicamente en positivo, la China contemporánea ofrece un ejemplo revelador. Sin negar la existencia de clases ni de contradicciones sociales, abandonó hace décadas la lucha de clases como motor principal de la política y la sustituyó por otro objetivo estratégico: la reducción de la desigualdad material mediante el desarrollo sostenido, la planificación y la estabilidad. Así es como precisamente, lograron sacar a 800 millones de chinos de la pobreza en 2021. El conflicto dejó de ser identidad y pasó a ser problema a resolver, no a exacerbar.

Los resultados están a la vista. Mientras gran parte de Occidente —de izquierda y de derecha— se hunde en una guerra cultural y social interminable, China logró reducir la pobreza, mantener cohesión social y proyectar políticas de largo plazo. No por negar las contradicciones, sino por no convertirlas en religión política.

La lección es clara y profundamente incómoda: basar hoy un proyecto político en la lucha de clases, aunque describa una parte de la realidad, es un error estratégico. La sociedad contemporánea es más compleja, fragmentada y dinámica que el esquema binario del siglo XX. Insistir en ese camino solo conduce a lo que ya estamos viviendo en Costa Rica y en buena parte de Occidente: conflicto eterno, desgaste institucional y una política reducida al arte de dividir.

La derecha extrema cree haber superado al comunismo. En realidad, lo ha heredado en su forma más degradada: sin horizonte emancipador, sin proyecto colectivo y con el conflicto como fin en sí mismo.

Costa Rica no necesita ni esa derecha ni esa izquierda del pasado reciclada con otros nombres. Necesita una política capaz de reducir desigualdades sin destruir el tejido social, de gobernar sin enemigos permanentes y de comprender que el conflicto existe, sí, pero que convertirlo en método solo garantiza su perpetuación.