En la teoría política liberal contemporánea, se nos ha vendido un dogma reconfortante, pero profundamente falaz: el mito de que una comunidad puede funcionar bajo una tolerancia puramente pasiva y relativista, donde lo único importante es que nadie se meta en los asuntos del otro. Para ilustrar este espejismo, imaginemos un barrio residencial. En él, un sector de vecinos decide decorar sus casas con motivos de Halloween, celebrando por moda la estética globalizada; por el contrario, otro grupo prefiere las tradiciones de la Navidad comunitaria, arraigadas en una cosmovisión colectiva, religiosa y familiar. Cada grupo lo hace sin que ello genere ningún problema para el otro, en el marco del respeto individual.
Mientras estas diferencias se mantienen en el plano estrictamente privado, todo fluye en una aparente paz: «Tú adorna como quieras y no te metas conmigo; yo hago lo mismo». Pero esta coexistencia pacífica se rompe de golpe cuando la política entra en juego. ¿Qué sucede cuando los vecinos que decoran sus casas con motivos de Halloween se organizan en un bloque porque comparten intereses económicos y afinidades de otro tipo, mientras que los de Navidad hacen exactamente lo mismo para defender su trinchera, al sentirse amenazados por los valores que aquellos pretenden impulsar en el ámbito público y que, por ende, no los van a representar?
Naturalmente, los bandos dejan de verse como vecinos y empiezan a considerarse amenazas existenciales. Al no existir un valor superior compartido, un marco ético vertical, vínculos orgánicos o un afecto común que los una por encima de sus diferencias estéticas o ideológicas, la comunidad se fractura. La tolerancia inicial no era más que una máscara del individualismo comunitario: una convivencia basada en la indiferencia que, ante el primer pulso por el poder local, se desmorona en una guerra de tribus donde nadie se siente representado por el otro.
Gran parte de la raíz de este problema hunde sus fauces en los discursos de una «apertura» y una «tolerancia» vacías que, bajo las banderas del supuesto progreso y modernidad, se dedicaron a importar modas, creencias y tradiciones ajenas a nuestra identidad histórica. Esa pretendida vanguardia cultural, también conocida popularmente como cosmopolitismo, promovida desde unas pocas élites en los centros de poder de Occidente y no desde las bases de la sociedad ni desde la clase trabajadora de los países, no era más que una forma de subordinación ideológica que vació de contenido nuestro sentido de pertenencia comunitaria.
Al despojar a la sociedad de sus raíces y reemplazar el vínculo colectivo por el aislamiento de individuos reducidos a meros intereses económicos, se atomizó el tejido social. Hoy pagamos las consecuencias de esa falsa modernidad: una comunidad fracturada y dividida, incapaz de unirse, donde el conflicto se perfila como el único camino inevitable mientras no se recupere un valor central y superior en la escala axiológica, un norte propio y compartido que nos permita reconstruir el nosotros por encima del egoísmo mercantil.
El espejo costarricense: halloween, navidad y la parálisis del Estado
Este dilema vecinal describe con precisión quirúrgica la tragedia política que vive hoy Costa Rica. Nuestro país se ha transformado en esa comunidad dividida entre facciones irreconciliables que ya no comparten un relato de nación.
Por un lado, el sector productivo y empresarial opera bajo la lógica de los vecinos de Halloween: promueve un individualismo de mercado feroz, escudándose en el discurso cómodo de que su única obligación con la comunidad es generar empleo. Desde esa atalaya, impulsa agendas unilaterales, como la apertura eléctrica o la privatización, sin dialogar con los demás sectores, y muestra una miopía imperdonable al guardar silencio ante los recortes a la educación pública.
Incapaz de ver que los estudiantes de hoy son la mano de obra calificada que necesitará mañana, su egoísmo cortoplacista demuestra que ha roto el lazo de reciprocidad con el colectivo. Por otro lado, los sectores sociales y los defensores de lo público actúan como los vecinos de Navidad, atrincherados en la defensa nostálgica de un Estado al que consideran el único bastión frente al asolamiento corporativo. Ante la cerrazón histórica de los empresarios, desconfían por completo de cualquier intento de modernización, respondiendo con intransigencia y cerrando la puerta a cualquier cambio estructural.
En este escenario, el contrato social costarricense se diluye. La democracia liberal falla por completo porque ya no existe un centro ético ni un bien común que obligue a las partes a ceder. A esto se suma el desgaste natural de los partidos políticos tradicionales, así como los actos de corrupción que, en cualquier país, generan rechazo por parte del pueblo. Es en este momento cuando se abren las puertas a los movimientos políticos extremistas y la caja de Pandora deja salir todos sus males y desdichas.
Cuando la convivencia democrática se reduce a un relativismo en el que lo único que vale es el interés del grupo propio, el terreno queda abonado para la llegada de expresiones de extrema derecha como las que se observan hoy en toda la región, y Costa Rica no es la excepción. Hoy no existe una alternativa política en Costa Rica que defienda los intereses de todo el país. La percepción de que los partidos y movimientos políticos solo defienden a pequeños sectores, ya sean económicos o culturales, está marcada en el inconsciente colectivo costarricense.
Estos movimientos aprovechan el hastío y la polarización para impulsar una agenda de desmantelamiento estatal y privatizaciones exprés que no responde a criterios técnicos ni de eficiencia, sino a razones puramente ideológicas y de resentimiento sectario. Para estas facciones, el Estado social y las instituciones públicas no son patrimonio de la ciudadanía, sino el botín del bando contrario, al que hay que castigar y desmantelar. Bajo la falsa promesa de devolver la libertad individual, lo que realmente se impone es la ley del más fuerte, destruyendo los últimos vestigios de solidaridad que unían al país.
La crisis de Costa Rica demuestra que una sociedad no puede sostenerse indefinidamente sobre la ilusión de un multiculturalismo relativista donde todo vale y nada es cohesivo. Si el país no es capaz de trascender la lógica de trincheras, en la que los empresarios abandonen su egoísmo ciego y los sectores sociales abran espacio a la renovación, la democracia seguirá degradándose hasta colapsar en la fragmentación absoluta, el conflicto abierto y el entrabamiento estatal.
Salvar el pacto social exige reconocer una verdad elemental: ninguna comunidad sobrevive si sus miembros solo se toleran en la superficie mientras conspiran para destruirse en el ejercicio del poder.
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