Soberanía, poder privado y las contradicciones del discurso occidental sobre la libertad de información
Uno de los grandes equívocos ideológicos de nuestro tiempo consiste en confundir la libertad de expresión con el derecho a utilizar determinadas plataformas tecnológicas privadas. Facebook, Instagram, WhatsApp y X se han convertido en instrumentos habituales de comunicación para millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, que sean populares, ampliamente utilizadas o económicamente influyentes no significa que sean indispensables, universales o que todos los Estados estén obligados a permitir su funcionamiento sin condiciones.
Aquí aparece una primera contradicción: ¿desde cuándo la popularidad de un producto comercial se convierte en fundamento de un derecho universal? ¿Por qué una plataforma creada por una empresa privada, sometida a intereses corporativos, decisiones empresariales y algoritmos propietarios, tendría que considerarse una condición indispensable para el ejercicio de la libertad humana?
La libertad de expresión es un derecho fundamental. Facebook no lo es. La posibilidad de buscar, recibir y difundir información constituye una garantía reconocida internacionalmente. Pero ninguna de estas libertades exige, por definición, que una empresa tecnológica particular tenga asegurado el acceso a todos los mercados del planeta.
Confundir el derecho con el instrumento mediante el cual se ejerce es un error conceptual que termina convirtiendo los intereses comerciales de determinadas corporaciones en supuestas obligaciones universales.
La falsa neutralidad de las plataformas digitales
El segundo problema es todavía más profundo: la creencia de que el acceso a las redes sociales occidentales equivale automáticamente al acceso a información libre, objetiva, y sobre todo, diversa.
Las plataformas digitales no son espacios neutrales. Sus algoritmos seleccionan, clasifican, jerarquizan y recomiendan contenidos. Sus propietarios establecen las condiciones de participación, definen políticas de moderación y determinan los mecanismos de visibilidad de las publicaciones.
El usuario puede tener la sensación de elegir libremente lo que consume, pero sus opciones están condicionadas por sistemas de recomendación diseñados bajo criterios comerciales, tecnológicos, normativos y políticos que no controla.
Esto no significa que toda decisión algorítmica responda a una conspiración política. Significa algo más elemental: la información que circula por una plataforma privada nunca está completamente separada de las estructuras de poder que administran esa plataforma.
La experiencia de Cambridge Analytica demostró los riesgos de la utilización de datos personales para elaborar perfiles de votantes y dirigir publicidad política. Las investigaciones estadounidenses documentaron prácticas engañosas de recopilación de información de millones de usuarios de Facebook.
Por tanto, el problema no es una hipótesis conspirativa, sino un riesgo real inherente a la concentración del poder digital. La acumulación de datos personales, la elaboración de perfiles psicológicos y la amplificación algorítmica pueden convertirse en instrumentos para moldear la opinión pública, condicionar nuestras decisiones e influir incluso en los procesos democráticos. Estos son riesgos que pensadores de la talla de Byung Chul-han llaman el “hackeo de la democracia”.
¿Podemos hablar de libertad real cuando, con cada búsqueda, cada interacción y cada publicación, cedemos voluntariamente nuestros gustos, emociones, hábitos y hasta aspectos íntimos de nuestra personalidad a corporaciones cuyo uso de esa información escapa, en gran medida, a nuestro conocimiento y control? ¿Es esa la libertad de información y expresión que decimos defender? ¿O estamos confundiendo la posibilidad de acceder a una plataforma con la autonomía de pensar, informarnos y decidir por nosotros mismos?
Porque si una empresa puede conocer nuestros patrones de comportamiento, seleccionar lo que vemos y condicionar nuestra percepción de la realidad, entonces la cuestión ya no es únicamente qué información tenemos a nuestro alcance, sino quién controla el entorno informativo en el que construimos nuestras ideas y hasta qué punto somos realmente libres dentro de él.
¿Libertad digital o subordinación voluntaria?
Aquí surge una paradoja filosófica. El discurso liberal suele presentar la libertad individual como ausencia de interferencia. Sin embargo, esa libertad puede terminar reducida a la posibilidad de escoger entre servicios administrados por grandes corporaciones que establecen unilateralmente sus condiciones de funcionamiento.
El individuo cree ejercer su autonomía porque puede abrir una cuenta, publicar opiniones y consumir contenidos. Pero al mismo tiempo entrega información personal, hábitos de consumo, preferencias y patrones de comportamiento a sistemas que pueden utilizar esos datos para fines comerciales y, en determinadas circunstancias, políticos.
¿Puede hablarse de plena autonomía cuando el individuo desconoce los mecanismos que organizan buena parte de la información que recibe? La cuestión recuerda una distinción fundamental de la filosofía política: no toda elección formal representa necesariamente una libertad sustantiva.
Una persona puede aceptar voluntariamente las condiciones de una plataforma y, sin embargo, carecer de capacidad real para negociar sus términos, auditar sus algoritmos o conocer el destino de sus datos. La libertad de elegir dentro de una estructura de poder no equivale necesariamente a la libertad frente a esa estructura.
China y el principio de soberanía digital
Desde esta perspectiva, la experiencia china introduce una discusión que Occidente frecuentemente aborda desde sus propios presupuestos políticos. China ha desarrollado un ecosistema tecnológico nacional con plataformas como WeChat, Weibo, Bili Bili, Alipay, Baidu, entre otras alternativas digitales. Esto demuestra que las empresas occidentales no poseen un monopolio tecnológico natural sobre las comunicaciones humanas.
Un país puede invertir en infraestructura propia, desarrollar servicios nacionales y establecer condiciones regulatorias para las empresas extranjeras. La soberanía digital plantea precisamente esa cuestión: ¿quién determina las reglas bajo las cuales circulan los datos, se administran las comunicaciones y operan las plataformas tecnológicas dentro de un territorio?
El Estado chino sostiene que la regulación de internet y de las plataformas digitales forma parte de sus competencias soberanas en materia de seguridad nacional, estabilidad social y gobernanza del espacio digital. Esta posición no elimina las controversias sobre censura, vigilancia o libertad de expresión, pero obliga a reconocer que internet no es un territorio neutral, sino un espacio donde se disputan el poder político, el control de la información y la capacidad de influir sobre la sociedad.
Ahora bien, sería ingenuo suponer que las plataformas occidentales operan al margen de estas dinámicas. Facebook, Instagram, X y otras redes también moderan contenidos, restringen publicaciones, administran la visibilidad de las ideas y recopilan enormes cantidades de datos personales. La diferencia radica, en buena medida, en quién ejerce ese poder, bajo qué criterios y con qué mecanismos de rendición de cuentas.
Aquí resulta especialmente pertinente la crítica de Byung Chul-han a la sociedad de la transparencia. En su obra La sociedad de la transparencia, Han advierte que la exigencia contemporánea de hacerlo todo visible, comunicarlo todo y exponer permanentemente nuestra intimidad no conduce necesariamente a una mayor libertad. Por el contrario, la transparencia absoluta puede convertirse en una forma de control: cuanto más revelamos sobre nosotros mismos, más predecibles nos volvemos y más susceptibles somos de ser clasificados, evaluados, condicionados y dirigidos.
El poder ya no necesita imponerse siempre mediante la prohibición explícita o la vigilancia coercitiva; puede operar de manera más sutil, invitándonos a participar voluntariamente en sistemas que registran nuestros comportamientos, anticipan nuestras preferencias y orientan nuestra atención. La exposición se transforma así en un mecanismo de vigilancia, y la participación voluntaria, en una fuente de información para quienes administran las plataformas.
Es lo que podríamos denominar una «dictadura de la transparencia»: un orden en el que la visibilidad permanente se presenta como libertad, la exposición como autenticidad y la recopilación de datos como el precio inevitable de la conectividad. No se trata de afirmar que toda transparencia sea opresiva, sino de advertir que la transparencia exigida al ciudadano, cuando no va acompañada de una transparencia equivalente por parte de quienes ejercen el poder, genera una asimetría profunda. El usuario se vuelve cada vez más visible para la corporación, mientras los algoritmos, los criterios de moderación y las decisiones que determinan qué información recibe permanecen, en gran medida, fuera de su alcance.
La paradoja es evidente: se nos promete una libertad de comunicación sin precedentes, pero esa libertad se ejerce dentro de entornos privados cuyas reglas no establecemos y cuyos mecanismos de control apenas conocemos. El poder contemporáneo no siempre necesita silenciarnos; a veces le basta con registrar lo que decimos, conocer lo que deseamos y organizar aquello que estamos en condiciones de ver.
Por eso, una crítica rigurosa de la gobernanza digital no puede limitarse a cuestionar el control estatal de internet: también debe examinar el poder de las corporaciones tecnológicas, la vigilancia comercial y las formas de control que se ejercen precisamente en nombre de la libertad, la participación y la transparencia.
La pregunta relevante no es solamente por qué China restringe determinadas plataformas occidentales, sino también por qué algunas de esas empresas deberían disfrutar de una posición privilegiada que las colocara por encima de las decisiones regulatorias de otros Estados.
La contradicción occidental: controlar también es gobernar
Existe además un elemento particularmente revelador. La Unión Europea, mediante su Ley de Servicios Digitales, reconoce que las grandes plataformas pueden generar riesgos sistémicos relacionados con la desinformación, los procesos electorales, los derechos fundamentales y la seguridad pública.
Por esa razón, exige evaluaciones de riesgos, transparencia y medidas de mitigación que pueden incluir modificaciones en los sistemas de recomendación. Es decir, incluso las instituciones occidentales reconocen que las plataformas digitales no constituyen simples espacios neutrales donde las ideas circulan espontáneamente. También reconocen que su funcionamiento debe someterse a normas públicas.
El caso chino debe analizarse a partir de su contexto histórico y de las preocupaciones de seguridad que surgieron tras los graves disturbios de Urumqi en 2009, cuando las autoridades identificaron el uso de plataformas digitales como un posible medio de movilización y difusión de mensajes vinculados con actos de extremismo y terrorismo.
Desde esta perspectiva, las restricciones adoptadas por China no pueden explicarse únicamente como una decisión arbitraria de control político, sino que deben examinarse también en relación con la percepción de amenazas a la seguridad nacional, la estabilidad social y la integridad territorial. Esto no significa que toda medida adoptada en nombre de la seguridad quede exenta de evaluación, sino que comprenderla exige considerar las circunstancias concretas que la motivaron, en lugar de reducirla de antemano a una expresión de autoritarismo.
Asimismo, la regulación de internet, la moderación de contenidos y la prevención de riesgos informativos constituyen desafíos que también afrontan los países occidentales, donde las plataformas privadas aplican sus propias políticas de moderación y las autoridades establecen mecanismos regulatorios. La cuestión fundamental, por tanto, no es si un Estado debe renunciar a intervenir en el espacio digital, sino qué amenazas pretende prevenir, qué instrumentos considera adecuados para hacerlo y cómo articula sus decisiones con sus responsabilidades en materia de seguridad, soberanía y derechos de la población.
La diferencia entre los modelos debe estudiarse en sus mecanismos concretos: quién decide, qué información se restringe, qué garantías existen, quién supervisa a los reguladores y qué posibilidades tiene el ciudadano de cuestionar esas decisiones.
El verdadero problema: quién controla la realidad digital
La discusión de fondo no debería reducirse a una confrontación entre un internet occidental supuestamente libre y un internet chino, ruso u otro, controlado. Ambos modelos contienen estructuras de poder, aunque organizadas de manera diferente.
En un caso, grandes corporaciones privadas poseen una influencia extraordinaria sobre la distribución de información, los datos personales y la atención colectiva. En el otro, el Estado ejerce un papel mucho más directo en la organización y regulación del ecosistema digital.
La concentración privada del poder informativo puede amenazar el pluralismo real, la diversidad de información y perspectivas, del mismo modo que una concentración estatal sin garantías suficientes puede restringirlo. Por eso, el problema filosófico no consiste en determinar si el poder es público o privado, sino en preguntarse cuáles son sus límites, sus mecanismos de control y su responsabilidad frente a la sociedad.
La verdadera libertad informativa exige pluralidad de fuentes, protección de los datos personales, transparencia en los sistemas de recomendación, alternativas tecnológicas y garantías frente a decisiones arbitrarias, tanto empresariales como estatales. Sin embargo, esto plantea una cuestión fundamental: ¿quién define los criterios que determinan qué significa una información libre, plural y transparente, y hasta qué punto esos criterios pueden presentarse como universales cuando su interpretación está condicionada por tradiciones políticas, marcos jurídicos y valores culturales particulares?
El problema no radica en la existencia de principios universales, sino en asumir que una determinada interpretación de estos debe imponerse a todas las sociedades sin considerar sus contextos históricos, políticos y culturales. En este sentido, invocar los derechos humanos para exigir que un Estado permita necesariamente el funcionamiento de una plataforma digital privada supone confundir dos cuestiones distintas: la protección del derecho a buscar, recibir y difundir información, y el supuesto derecho a acceder a un servicio comercial específico.
La libertad de expresión no depende de una empresa determinada, ni implica que sus plataformas deban operar en todos los países sin someterse a sus respectivos ordenamientos jurídicos. ¿Puede confundirse la defensa de un derecho fundamental con la pretensión de garantizar a una corporación privada el acceso irrestricto a cualquier mercado?
La discusión de fondo no debería ser si una sociedad está obligada a aceptar determinadas plataformas, sino cómo garantizar que sus ciudadanos dispongan de oportunidades reales para informarse, expresarse y acceder a diversas fuentes, dentro de un marco que articule la soberanía nacional, los derechos individuales y la responsabilidad de quienes ejercen el poder sobre el entorno digital.
La libertad no tiene dueño corporativo
Convertir a Facebook, Instagram, WhatsApp o X en símbolos universales e indispensables de la libertad constituye una confusión entre derechos fundamentales e intereses comerciales. Ninguna empresa privada posee un derecho natural a convertirse en la infraestructura obligatoria de comunicación de toda la humanidad. Tampoco la existencia de alternativas nacionales demuestra, por sí sola, que los ciudadanos disfruten de suficiente libertad para informarse y expresarse.
La soberanía tecnológica y la libertad individual no tienen por qué ser principios incompatibles, aunque pueden entrar en conflicto cuando las decisiones estatales restringen injustificadamente los derechos de las personas.
Existe, además, un problema epistemológico de fondo: la falsa premisa de que cuanta más información tenemos a nuestra disposición, mayor será necesariamente nuestra comprensión de la realidad y mejor nuestro criterio para interpretarla. Esta idea confunde la acumulación de datos con el conocimiento, la disponibilidad de información con la capacidad de comprenderla y la conectividad con la sabiduría.
Internet no contiene la totalidad del conocimiento humano ni ofrece una representación completa, neutral y transparente del mundo; contiene una cantidad inmensa, creciente y desigual de información, seleccionada, organizada y jerarquizada mediante criterios técnicos, comerciales, institucionales y políticos.
Incluso si toda la información existente estuviera disponible en un mismo espacio, ¿qué ser humano, empresa o Estado dispondría del tiempo, la capacidad cognitiva y los recursos necesarios para procesarla, contrastarla, comprenderla y actuar racionalmente a partir de ella en cada circunstancia? La realidad supera nuestra capacidad individual y colectiva de conocimiento, y ninguna acumulación de datos elimina los límites de nuestra razón, nuestra experiencia y nuestra condición humana.
Más aún, la abundancia informativa puede producir desorientación en lugar de claridad, saturación en lugar de conocimiento y dependencia de intermediarios en lugar de autonomía intelectual. Cuando nadie puede procesar por sí mismo la totalidad de la información disponible, necesariamente recurrimos a mecanismos de selección, interpretación y jerarquización: algoritmos, expertos, instituciones, medios de comunicación, IA y comunidades de conocimiento.
La cuestión decisiva deja de ser, entonces, cuánto podemos conocer y pasa a ser quién selecciona aquello que consideramos relevante, con qué criterios lo hace y bajo qué intereses organiza nuestra percepción de la realidad. Por eso, no tener acceso a toda la información existente no constituye, por sí mismo, una privación de libertad. Lo verdaderamente importante es disponer de información pertinente, contrastable y plural, así como desarrollar la capacidad crítica para distinguir lo verdadero de lo falso, lo relevante de lo accesorio y el conocimiento fundamentado de la simple acumulación de datos.
La libertad intelectual no consiste en saberlo todo, sino en comprender los límites de lo que podemos saber y desarrollar el juicio necesario para orientarnos dentro de ellos.
El verdadero desafío no consiste en plantear una falsa equivalencia entre el poder del Estado y el de las corporaciones privadas, como si ambos tuvieran la misma naturaleza, legitimidad y responsabilidad frente a la sociedad. Consiste en establecer un modelo de gobernanza digital con reglas claras, responsabilidades definidas y límites jurídicos para todos los actores, en el que el mercado comprenda que su actividad no puede desarrollarse al margen del interés nacional y el Estado asuma la responsabilidad de dirigir, regular y supervisar ese ecosistema conforme a los objetivos estratégicos de la nación.
Las plataformas tecnológicas, por su capacidad de acumular datos, administrar infraestructuras críticas e influir en la circulación de información, no pueden convertirse en poderes fácticos que determinen unilateralmente las condiciones de la vida digital. Corresponde al Estado, como autoridad política soberana y representante del interés público, establecer las reglas del juego, garantizar su cumplimiento y evitar que los intereses comerciales particulares se impongan sobre las prioridades colectivas.
Esto no significa que la acción estatal deba carecer de límites, sino que su ejercicio debe estar sujeto a un marco jurídico coherente con sus responsabilidades institucionales. La cuestión central no es cómo neutralizar al Estado frente al mercado, sino cómo organizar la relación entre ambos para que la iniciativa económica y la innovación tecnológica contribuyan al desarrollo nacional, la seguridad, el bienestar social y la soberanía digital, en lugar de subordinarlos a intereses corporativos externos.
Porque, al final, la pregunta verdaderamente incómoda es esta:
¿De qué libertad estamos hablando cuando defendemos como universal el derecho a utilizar una plataforma privada, pero apenas cuestionamos el poder que esa misma plataforma tiene para decidir qué vemos, qué ignoramos y cómo interpretamos el mundo?
La libertad de información no debería depender de la hegemonía de una empresa, de una nación o de una arquitectura tecnológica particular. La libertad no es una marca registrada. Y mucho menos una aplicación propiedad de una corporación.
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